El franquismo se definía como un Estado de derecho. Ha habido teóricos del Estado socialista de derecho soviético (como Vichinsky, el fiscal de los procesos de Moscú). Un Estado de derecho, en esas circunstancias es un Estado que impone a palos un derecho concebido como un orden rígido y cerrado.
El Estado de derecho, sin embargo, no coincide con ningún Estado concreto, España no puede definirse como "el Estado de derecho", ni su gobierno hablar en nombre de "nuestro Estado de derecho" pues el Estado de derecho es un principio universal, una idea de la razón. Desde que lo formularan los juristas alemanes postkantianos, el Estado de derecho es un principio jurídico que obliga al gobernante a gobernar de acuerdo con el derecho, y en particular, aunque no solo, a cumplir sus propias leyes. Su opuesto es el Polizeistaat, el Estado de policía en el que el soberano gobierna a través de las leyes que él mismo promulga sin atenerse a un principio general de sumisión al derecho.
El principio del Estado de derecho obliga sobre todo al gobernante y limita su poder, y solo se aplica indirectamente al ciudadano. Es un principio que funciona como idea orientadora y no puede nunca materializarse en un régimen político determinado, lo que muestra cuán engañosas son las reivindicaciones stalinistas o franquistas o incluso nacionalsocialistas del Estado de derecho. Una condición fundamental del Estado de derecho es que el gobierno que se guía por este principio sea un gobierno legítimo, esto es un gobierno aceptado por la población. Es muy discutible que esta condición se está cumpliendo en la actual coyuntura catalana, en la que el gobierno español se comporta como un clasico "Estado de policía".
El principio del Estado de derecho está siendo sistemáticamente incumplido por el gobierno español en Cataluña, al forzar a través de un Tribunal Constitucional políticamente intervenido la anulación del Estatuto aprobado por las instituciones y el pueblo catalanes y refrendado por el parlamento español y al declarar ahora un Estado de excepción de facto sin el amparo del parlamento ni de las leyes. Ante el caos antijurídico y la violencia exhibida por el gobierno español, tal vez la respuesta de los catalanes escenificando un ritual democrático sea la más adecuada. Tal vez sea este rito cívico y militante a la vez una forma extrema de respetar el principio del Estado de derecho.
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